Director: Mariana Baranchuk - baranchukm@gmail.com
Resumen del proyecto:
El proyecto se inserta en el cruce de varias disciplinas: Derecho a la Comunicación; Economía Política de la Comunicación y la Cultura; Sociopolítica de las comunicaciones y el área de los Estudios Culturales; a lo que se suman aspectos que hacen al derecho del trabajo y a la Escuela de la regulación. El problema a indagar, requiere necesariamente de una perspectiva trans e interdisciplinaria, dado que los elementos que hacen al objeto de estudio pertenecen al campo de la cultura, de la economía, del derecho y de la historia. El producto del trabajo audiovisual refiere a bienes culturales (intangibles) que hacen a la subjetividad colectiva y al acervo cultural de toda la población. Se considera los fundamentos del Derecho a la Comunicación y a la Cultura desde una matriz de derecho colectivo (al igual que el Derecho del Trabajo), centrado en el paradigma de los derechos humanos. La Argentina -en tanto Estado miembro de la UNESCO- ratificó la Declaración Universal sobre Diversidad Cultural de 2001 y la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de 2005. Allí se puso de manifiesto que la especificidad de los bienes y servicios culturales, en tanto portadores de identidad, valores y sentido, no debieran ser considerados como cualquier otro bien de consumo. La tutela del Derecho a la Comunicación obliga a los estados a realizar acciones concretas para proteger, impulsar y fomentar la diversidad cultural y el pluralismo informativo. Para ello el Estado cuenta con el marco jurídico internacional que lo avala a la hora de establecer marcos regulatorios nacionales que apuntalen dicha tutela. En relación al trabajo sostenemos que el mismo conforma la instancia fundante (y al mismo tiempo autorrepresentativa) de las instituciones sociales y de la vida de los sujetos reales y concretos. Para aprehender lo específico del trabajo en el audiovisual del Siglo XXI, más allá de las generalidades que expusimos, es necesario poder trazar este camino entre lo cultural, lo político, lo económico y lo industrial. En nuestro país la crisis económica del 2001, y la siguiente devaluación, provocó una retracción de la economía en todos los sectores, afectando especialmente al sector de la cultura, hubo una recuperación entre el 2003 y el 2015 para volver a desarticularse durante el período 2015-2019. Con la mirada puesta en los derechos culturales de la población, es importante proteger el patrimonio audiovisual. Si el Estado decide fomentar y permitir la existencia de esta industria, entonces el cuidado y conservación de dicho patrimonio requiere de políticas concretas y, en ese sentido también, si se considera a la obra cinematográfica como un bien simbólico constitutivo de subjetividades comunes y constructores de la identidad colectiva, también tiene la obligación de formar audiencias críticas. Y aquí volvemos a la categoría de ciudadanía y la necesidad de pensar la ciudadanía (y soberanía) audiovisual.
